Tras más de 44 horas de manifestación pacífica en el Centro Administrativo La Alpujarra, las comunidades indígenas de San Pedro de Urabá y Mutatá levantaron su movilización luego de llegar a un consenso con el gobierno departamental. La mesa de diálogo, instalada por segunda vez, contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y delegados de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). El objetivo principal fue destrabar la ejecución de proyectos sociales que, según los líderes étnicos, presentaban retrasos críticos debido a fallas de comunicación con la administración regional durante los últimos dos años.
María Patricia Giraldo, subsecretaria de Derechos Humanos de la Gobernación, confirmó que se revisaron detalladamente los compromisos pactados en la minga del año 2024. “Este acuerdo quedó materializado y firmado para que se puedan ejecutar en los territorios esos programas que tanto requieren para mejorar su calidad de vida”, señaló la funcionaria. La protesta había iniciado en la madrugada del pasado lunes con la llegada de aproximadamente 800 comuneros, quienes exigían una interlocución directa con el gobernador Andrés Julián Rendón para garantizar la autonomía y el bienestar de sus resguardos.
Pese al carácter pacífico de la marcha, la jornada estuvo marcada por momentos de tensión política. El concejal del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Gury”, se presentó en el lugar con un bate de béisbol, un gesto que ha repetido en movilizaciones anteriores y que generó rechazo entre los manifestantes. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció su presencia en La Alpujarra para rendir homenaje a la Fuerza Pública, lanzando fuertes críticas y señalando supuestas manipulaciones políticas externas detrás de la movilización indígena.
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Este episodio ocurre en un contexto de creciente polarización y narrativas de odio contra las comunidades étnicas en Colombia. Investigaciones recientes indican que los ataques y mensajes de desprecio hacia los indígenas en redes sociales presentan picos estadísticos cada vez que estas poblaciones se desplazan de sus territorios para ejercer su derecho a la protesta. Tras la firma del acta, los delegados de la ONIC y la OIA enfatizaron que el retorno a sus comunidades se da bajo la vigilancia de los organismos de control para asegurar que lo firmado en Medellín se traduzca en obras reales en el Urabá antioqueño.
