viernes, marzo 13, 2026
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El Tribunal Militar ratificó la condena contra dos exinfantes de marina que hurtaron gasolina

El Tribunal Superior Militar y Policial ratificó la sentencia condenatoria contra los exinfantes de marina profesionales Wilmer Sáenz Hernández y Carlos Andrés Guetocue Bastidas. Los exuniformados fueron hallados responsables de los delitos de hurto agravado y cohecho por dar u ofrecer, tras un proceso judicial que analizó irregularidades cometidas durante sus funciones en el muelle de Timbiquí, Cauca. La decisión judicial confirma la transparencia y el rigor con el que se deben manejar los bienes del Estado destinados a la seguridad nacional.

Los hechos que originaron esta condena se remontan a agosto de 2016, cuando los procesados extrajeron de manera ilícita cinco galones de gasolina de un bote de seguridad de la Armada Nacional. Según el expediente, el combustible —destinado exclusivamente a operaciones militares fue vendido posteriormente a un civil. La gravedad del asunto aumentó cuando, al ser descubiertos por un compañero de armas, los hoy sentenciados ofrecieron la suma de 10.000 pesos para que este guardara silencio y omitiera la denuncia correspondiente ante sus superiores.

La ratificación del fallo judicial impone una pena de 51 meses de prisión para ambos implicados, sumado a una multa económica de 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, la justicia militar determinó una inhabilitación de 80 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El Tribunal desestimó el recurso de apelación de la defensa, dejando en firme la sentencia de primera instancia al considerar que existían pruebas contundentes sobre la participación activa de los sujetos en el hurto y el intento de soborno.

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Este caso se ha convertido en un referente ético dentro de las Fuerzas Militares, enviando un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante la corrupción, sin importar la cuantía del dinero involucrado. A pesar de que el soborno ofrecido fue de una suma menor, la justicia priorizó la protección del honor militar y la integridad de los recursos públicos. Actualmente, Sáenz Hernández y Guetocue Bastidas se encuentran capturados y cumplen su condena en un centro de reclusión militar especializado.

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