La Secretaría Distrital de Movilidad se encuentra bajo la lupa del control político tras una mesa de trabajo convocada para revisar el polémico contrato de grúas y patios en Bogotá. Este modelo de operación, que suma más de ocho años de ejecución, ha acumulado múltiples hallazgos disciplinarios, fiscales y administrativos según los entes de control. La preocupación central radica en la falta de decisiones contundentes frente a las irregularidades evidenciadas en la operación del servicio, que afectan diariamente a miles de ciudadanos.
Uno de los puntos más críticos señalados es la intención de contratar una consultoría por 2.000 millones de pesos para estructurar el nuevo esquema del servicio. El concejal de Bogotá, Julián Forero, advirtió sobre un posible riesgo de detrimento patrimonial, argumentando que los estudios técnicos solicitados se basan en información, cifras y diagnósticos que ya reposan en los archivos de la Secretaría. Para el cabildante, no se justifica un gasto de tal magnitud para generar documentos con insumos que la entidad ya posee y gestiona con su propio personal.
En respuesta a los constantes abusos reportados por la ciudadanía, Forero ha impulsado desde el Concejo y el Congreso el Proyecto de Ley 219 de 2025. Esta iniciativa busca corregir vulneraciones históricas, como el cobro excesivo en el transporte de motocicletas. La ley propone un cobro proporcional cuando varias motos sean trasladadas en una misma grúa y exige condiciones de «patios dignos», obligando a que estos espacios estén pavimentados y techados para evitar el deterioro de los vehículos inmovilizados.
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Finalmente, el proyecto contempla la devolución automática de dinero por conceptos de grúa y parqueadero para aquellos ciudadanos que logren impugnar con éxito sus comparendos. El concejal reiteró su compromiso de vigilar la estructuración del nuevo modelo, asegurando que el sistema debe dejar de ser una carga económica injusta. Desde Nación Colombia, continuaremos informando sobre el avance de estas reformas que prometen aliviar el bolsillo de los conductores y garantizar la transparencia en la gestión de la movilidad.
