Argentina atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia reciente tras el avance de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Esta iniciativa, que el Ejecutivo defiende como una necesaria «modernización» para fomentar el empleo, ha sido recibida con fuertes críticas por parte de los sectores sindicales, quienes la tildan de «esclavista». Tras recibir media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto que ya contaba con el aval previo de los senadores— deberá regresar a la Cámara Alta debido a la eliminación de un artículo polémico sobre licencias por enfermedad durante la votación en la Cámara Baja.
La primera clave de la controversia radica en la flexibilización de la jornada laboral, que propone una extensión máxima de hasta 12 horas diarias. Aunque el oficialismo argumenta que esto permite una mejor organización según el sector productivo, los detractores denuncian que vulnera derechos históricos y afecta la salud física y mental de los trabajadores. Esta medida fue el principal motor del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que paralizó gran parte del país mientras el Congreso sesionaba bajo una fuerte presión social en la Plaza de los Dos Congresos.
El segundo punto crítico es la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido. La reforma busca implementar un sistema similar al de la construcción (Fondo de Cese Laboral), donde el empleador aporta mensualmente a un fondo para cubrir eventuales despidos. Para el gobierno de Milei, esto reduce la «industria del juicio» y da seguridad jurídica a las empresas; sin embargo, para los sindicatos, esto abarata el despido y precariza la estabilidad del empleado, eliminando el carácter disuasorio que tiene la indemnización actual ante rescisiones arbitrarias.
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Finalmente, las restricciones en las licencias médicas y los periodos de prueba extendidos completan el eje de la discordia. A pesar de que el artículo más agresivo sobre bajas por enfermedad fue retirado para asegurar los votos en Diputados, la filosofía del proyecto sigue apuntando a una reducción de las cargas sociales para el empleador.
