Un contundente fallo de la justicia estadounidense ha puesto en jaque los procedimientos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota. La jueza de distrito Nancy Brasel dictaminó que los agentes migratorios impidieron sistemáticamente que decenas de detenidos accedieran a asesoría legal, lo que calificó como una «práctica extinción» de los derechos constitucionales. Según el tribunal, la imposibilidad de realizar llamadas telefónicas o contactar abogados convirtió las detenciones en procesos aislados del marco legal vigente en los Estados Unidos.
La jueza Brasel, irónicamente nombrada durante el primer mandato de Donald Trump, desestimó los argumentos del ICE sobre la supuesta falta de recursos para garantizar estas comunicaciones. El fallo resalta que la agencia destinó miles de agentes y presupuesto masivo para las redadas y el alojamiento de detenidos, por lo que resulta inaceptable que se declaren insolventes al momento de proteger el debido proceso. En consecuencia, la orden judicial obliga al ICE a proveer llamadas gratuitas y confidenciales en las primeras 24 horas tras el arresto y garantizar visitas de abogados en plazos no mayores a seis horas tras la solicitud.
Este escenario jurídico se suma a la crisis administrativa del organismo. A finales de enero, el director interino del ICE, Todd Lyons, fue citado por un juez federal bajo amenaza de desacato, tras negarse a cumplir órdenes previas que permitieran a los migrantes asistir a sus audiencias. La tensión en Minnesota ha escalado a las calles, alimentada por la indignación social tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero que falleció por disparos de la Patrulla Fronteriza durante un operativo de captura en el centro de Minneapolis, un hecho que ha sido condenado por diversos sectores políticos.
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Este fallo sienta un precedente crítico para la comunidad migrante y las organizaciones de derechos humanos. La jueza Brasel fue enfática al señalar que el Gobierno introdujo «obstáculos» deliberados que violan la Constitución, desenmascarando una práctica que los acusados intentaron negar implícitamente. La mirada internacional se mantiene sobre este caso, que redefine los límites del poder de las agencias federales frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos y extranjeros en territorio estadounidense.
