El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, ha declarado formalmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país. La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, busca mitigar los graves estragos causados por la ola invernal, especialmente en la costa norte y el Chocó. Los territorios priorizados son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones donde las inundaciones han superado la capacidad de respuesta local y nacional.
Esta decisión surge tras la negativa de la Corte Constitucional de levantar la suspensión de una emergencia previa declarada en diciembre. Ante este panorama, el Ejecutivo ha optado por un nuevo marco legal que le permita agilizar la ejecución de recursos. Según el presidente Gustavo Petro, la magnitud del desastre ambiental exige medidas extraordinarias para garantizar la seguridad alimentaria y la reconstrucción de infraestructura crítica en las zonas afectadas por el fenómeno climático.
La mayor controversia radica en el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la creación de un impuesto al patrimonio para empresas. Se proyecta una tarifa del 0,6% para compañías con patrimonios superiores a $10.400 millones, la cual se duplicaría al 1,2% para aquellas que excedan los $31.424 millones. Esta medida busca recaudar fondos inmediatos para atender la crisis, pero ha encendido las alarmas en el sector productivo por el impacto en la liquidez corporativa.
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La reacción del gremio empresarial no se hizo esperar. Bruce MacMaster, presidente de la ANDI, rechazó tajantemente la propuesta, argumentando que este gravamen reducirá drásticamente la capacidad de inversión y el crecimiento económico del país. Los empresarios sostienen que imponer cargas adicionales en un momento de crisis climática podría desincentivar la generación de empleo y profundizar la desaceleración.
