En un anuncio que ha sacudido el panorama político del país, el presidente Gustavo Petro informó a través de sus canales oficiales sobre la existencia de un plan para acabar con su vida. Según las declaraciones del mandatario, los organismos de inteligencia han detectado movimientos recientes que apuntan a un atentado directo, el cual no solo lo tendría a él como objetivo, sino que también incluiría amenazas directas contra la integridad de su familia.
Además de la amenaza física, el jefe de Estado denunció un presunto montaje judicial en su contra. Según Petro, se descubrió una estrategia para ocultar sustancias alucinógenas en uno de los vehículos oficiales de la caravana presidencial, con el objetivo de desprestigiar su imagen y la de su administración ante la opinión pública nacional e internacional. Este tipo de tácticas, calificadas por sectores del gobierno como «guerra sucia», buscan desestabilizar la institucionalidad en un momento crítico de la legislatura.
Ante la gravedad de estas revelaciones, la Casa de Nariño ha solicitado un refuerzo inmediato en los protocolos de seguridad. La noticia, que se encuentra en pleno desarrollo, ha generado una ola de reacciones en el Congreso, donde diversas bancadas han pedido una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables intelectuales y materiales de estos planes. La seguridad de la familia presidencial se ha convertido en la prioridad número uno de las fuerzas especiales encargadas de la protección del mandatario.
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Históricamente, el país ha enfrentado situaciones similares de alta tensión, pero la denuncia de un montaje con estupefacientes añade un componente de persecución política que preocupa a organismos internacionales.
