lunes, febrero 9, 2026
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La Contraloría General reporta hallazgos por $53.117 millones en irregularidades del PAE

La Contraloría General de la República ha emitido un preocupante informe tras detectar hallazgos con presunta incidencia fiscal que ascienden a $53.117 millones de pesos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Tras auditar a 68 entidades territoriales, el organismo de control determinó que una parte significativa de estos recursos, aproximadamente $24.254 millones, corresponde a sobrecostos y pagos sin soporte de ejecución en el presupuesto de 2024. Estas irregularidades comprometen la eficiencia de uno de los programas sociales más críticos para combatir la deserción escolar en el país.

El reporte también pone la lupa sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías destinados a la alimentación en los departamentos de Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca. En estas zonas, se identificaron hallazgos por $28.863 millones relacionados con deficiencias en las etapas contractuales y el incumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales. La falta de calidad en los alimentos entregados a los menores y la debilidad en la supervisión de los contratos son los factores que más impactaron el patrimonio público entre 2021 y 2024.

Sumado al desfalco económico, la Contraloría activó una alerta nacional por el inicio inoportuno del programa durante el presente calendario académico de 2026. Actualmente, se estima que 783.000 estudiantes se encuentran afectados, ya que en 11 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), la entrega de raciones no coincidió con el regreso a clases. Este retraso administrativo vulnera el derecho fundamental a la alimentación y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del territorio nacional.

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Las auditorías de cumplimiento evidenciaron que el Control Social Participativo ha sido clave para detectar estas fallas, pero la persistencia de los sobrecostos exige medidas drásticas. La Contraloría continuará con los procesos de responsabilidad fiscal para recuperar los dineros desviados, mientras insta a los gobernadores y alcaldes a normalizar la operación del PAE de manera inmediata.

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