Con graves advertencias sobre la estabilidad del sector privado, el Consejo Gremial Nacional cuestionó duramente la reciente postura de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La controversia estalló luego de que el ente de control solicitara a diversas empresas información detallada sobre sus políticas de fijación de precios y márgenes de descuento. Según los líderes gremiales, este requerimiento masivo desborda las funciones de vigilancia y se percibe como un intento de coadministración estatal, lo que ha encendido las alarmas en el sector empresarial por la posible vulneración de la reserva comercial.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, recordó que la Constitución Política de Colombia es taxativa en su artículo 333, el cual garantiza la libertad económica y prohíbe al Estado intervenir en la lógica interna de las empresas privadas. “Vigilar mercados no tiene relación con exigir la revelación de cómo se calculan los precios”, enfatizó Gutiérrez, señalando que, si bien el Estado debe sancionar prácticas anticompetitivas, no puede tratar de forma preventiva y masiva a todas las compañías como sospechosas, poniendo en riesgo secretos estratégicos que son la base de la competitividad.
La preocupación de gremios como la ANDI y Fenalco radica en que estas acciones debilitan la seguridad jurídica y la confianza inversionista en el país. El Consejo Gremial sostiene que perseguir abusos de posición dominante es legítimo, pero fiscalizar la rentabilidad de un negocio privado roza la ilegalidad. “Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada”, advirtió la líder gremial, señalando que esta tendencia podría conducir a una parálisis de la inversión y el crecimiento económico a largo plazo.
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Pese a las críticas, la Superintendencia de Industria y Comercio ha reafirmado su postura, asegurando que las investigaciones continuarán para garantizar el bienestar del consumidor. Recientemente, se conoció que empresas como Nalsani (Totto), Whirlpool, Continente, Panamericana y Supertiendas Olímpica ya han recibido requerimientos. En Nación Colombia analizamos cómo este choque institucional podría redefinir las reglas del juego para el comercio nacional y la autonomía empresarial frente al poder ejecutivo.
