A partir del pasado domingo 1 de febrero de 2026, entró en vigor la reducción obligatoria de $500 por galón en el precio de la gasolina motor corriente en todo el territorio nacional. Esta medida, impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, busca mitigar las presiones inflacionarias y equilibrar el costo de vida tras el ajuste del salario mínimo. Sin embargo, ante las quejas de usuarios que no ven reflejado el descuento, las autoridades han anunciado una vigilancia estricta para garantizar que el beneficio llegue al bolsillo de los ciudadanos.
El cumplimiento de esta circular es de carácter obligatorio e inmediato para todas las Estaciones de Servicio (EDS). Ningún establecimiento está autorizado para mantener los precios antiguos ni aplicar descuentos parciales. Según expertos legales como Santiago Soto, el incumplimiento de esta norma constituye un desacato directo a las órdenes del Ministerio de Minas y Energía, por lo que los casos detectados deben ser reportados de inmediato ante la Dirección de Hidrocarburos para iniciar los procesos administrativos correspondientes.
Las consecuencias legales para quienes ignoren la medida son severas y están amparadas bajo el Decreto 4299 de 2005. Las sanciones contemplan desde amonestaciones y multas millonarias, hasta medidas drásticas como la suspensión temporal del servicio. En casos de reincidencia o negativa sistemática a ajustar los precios oficiales, el Gobierno tiene la facultad de proceder con la cancelación definitiva de la licencia de operación, lo que inhabilitaría a la estación para funcionar como distribuidor minorista de combustibles.
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Ante este panorama, es fundamental que los consumidores asuman un rol activo en la vigilancia de los precios. Se recomienda a los conductores verificar el valor por galón antes de tanquear y solicitar la factura legal para tener soporte en caso de irregularidades. El Gobierno ha habilitado canales de denuncia para que la Superintendencia de Industria y Comercio y las autoridades locales realicen inspecciones técnicas, asegurando que la economía de las familias colombianas.
