El Ministerio del Trabajo ha emitido un auto administrativo mediante el cual impone medidas cautelares urgentes contra la filial de EPM en Bucaramanga (ESSA). Esta decisión surge tras el hallazgo de indicios serios de persecución, presión y hostigamiento dirigidos hacia las organizaciones de trabajadores. La cartera laboral busca blindar la libertad y autonomía sindical ante denuncias de prácticas que vulneran el ejercicio democrático dentro de la compañía santandereana.
La gravedad de la situación radica en que las investigaciones podrían escalar hasta la junta directiva de EPM en Medellín. Se busca determinar si existen instrucciones jerárquicas u «órdenes de servicio» diseñadas específicamente para asediar a los líderes sindicales. Bajo el marco del Código Sustantivo del Trabajo, cualquier intento de obstruir la asociación de empleados es sancionable, y en este caso, el Ministerio actúa de forma preventiva para evitar daños irreparables al tejido laboral.
Dentro de las órdenes dictadas, se prohíbe de forma tajante cualquier tipo de injerencia empresarial en los asuntos internos de los trabajadores. El objetivo primordial es garantizar la transparencia y seguridad en la asamblea sindical programada para el próximo 7 de febrero de 2026. En dicho encuentro, los colaboradores tienen previsto someter a votación la declaratoria de huelga, un mecanismo legal que debe desarrollarse en un entorno libre de intimidaciones o represalias directas por parte de la administración.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/gustavo-un-gran-honor-amor-a-colombia-mensaje-de-trump-a-petro-tras-reunion/
Finalmente, el MinTrabajo ha sido enfático al reiterar que el derecho a la huelga es una herramienta legítima y autónoma protegida por la Constitución colombiana. Este pronunciamiento sienta un precedente importante para las empresas de servicios públicos en el país, recordándoles que la eficiencia operativa no puede pasar por encima de la negociación colectiva. En Nación Colombia seguiremos de cerca el desarrollo de la asamblea y las posibles sanciones que la entidad estatal pueda imponer a la filial de EPM.
