En una operación de alta seguridad durante la madrugada de este martes, fue extraditado a Estados Unidos Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, máximo cabecilla de la organización criminal ‘La Inmaculada’. El operativo de traslado inició en la estación de Policía de Los Mártires y culminó en la base aérea de CATAM, donde fue entregado a agentes federales. Este movimiento estratégico ocurre en un momento político clave, a solo pocas horas del encuentro bilateral en la Casa Blanca entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por una corte del estado de Texas para enfrentar tres cargos federales de gravedad: concierto para distribuir cocaína, concierto para traficar con la intención de importarla a EE. UU. y la fabricación y distribución de grandes cargamentos de droga. Cabe destacar que Marín ya cuenta con una condena en Colombia de 30 años de prisión por su responsabilidad en 39 homicidios, extorsiones y otros delitos que mantenían bajo zozobra al departamento del Valle del Cauca, consolidando a su banda como una de las más peligrosas de la región.
La decisión de acelerar su extradición fue una orden directa del presidente Petro, motivada por los recientes intentos del criminal de socavar la integridad del sistema carcelario. En junio de 2025, se reveló que Marín había pagado 800 millones de pesos en sobornos para facilitar una fuga de la cárcel La Picota, lo que obligó a su traslado administrativo. El mandatario justificó la medida señalando que el delincuente intentaba «comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse» y evadir la justicia internacional.
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Con este procedimiento, el Gobierno Nacional alcanza un récord histórico de 809 extradiciones, superando las cifras de las administraciones de Iván Duque y Álvaro Uribe. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, enfatizó que la cooperación judicial internacional se ha fortalecido bajo una política firme contra el crimen organizado. Esta cifra representa un incremento del 6,3% respecto al periodo anterior, enviando un mensaje contundente sobre la vigencia del tratado de extradición como herramienta clave en la lucha transnacional contra el narcotráfico.
