El Consejo de Estado ha dado un paso histórico que podría cambiar la composición del Legislativo tras admitir una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD. La Sala 10 Especial de Decisión determinó que existen méritos suficientes para investigar si los parlamentarios de la Comisión de Crédito Público utilizaron su poder para gestionar intereses indebidos. Entre los señalados figuran senadores y representantes de diversos partidos, como Martha Peralta, Juan Pablo Gallo y Wadith Manzur, quienes ahora enfrentan la posibilidad de la «muerte política».
La acusación central sostiene que estos legisladores habrían incurrido en tráfico de influencias, utilizando su posición estratégica en una de las comisiones más sensibles para viabilizar recursos a cambio de prebendas. Este proceso surge en un contexto donde los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, ya han confesado cómo la UNGRD funcionó como una «caja menor» para aceitar la maquinaria política. Según el expediente, la entidad no solo atendía desastres naturales, sino que servía para comprar respaldos legislativos mediante millonarios contratos estatales.
El entramado de corrupción alcanza niveles sin precedentes en la historia reciente de Colombia. A la fecha, la justicia ya mantiene privados de la libertad a dos exministros y avanza en la búsqueda de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, quien es señalado como el articulador político de este esquema. Los testimonios de los involucrados sugieren que la Comisión de Crédito Público fue el escenario donde se coordinaron decisiones presupuestales a cambio de beneficios ilegales, convirtiendo el servicio público en un negocio de favores personales.
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La decisión del alto tribunal, notificada el 29 de enero de 2026, busca sentar un precedente ejemplarizante sobre la ética en el Congreso. Si las pruebas confirman que los congresistas usaron su investidura para participar en el saqueo de la UNGRD, las consecuencias serán irreversibles: la pérdida definitiva de su derecho a ejercer cargos públicos. Desde Nación Colombia, seguiremos cada etapa de este juicio que pone bajo la lupa la transparencia del poder legislativo y la integridad de quienes lo representan.
