El inicio de 2026 presenta un panorama crítico para la seguridad en Colombia, marcado por un crecimiento sin precedentes de las estructuras ilegales. Según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados incorporaron 5.000 nuevos miembros en el último año, alcanzando un pie de fuerza total de 27.121 integrantes. Este fortalecimiento militar, que no se veía desde 2018, se ha visto impulsado por tácticas de reclutamiento agresivas que incluyen el ofrecimiento de salarios, bonos y hasta periodos de vacaciones para los combatientes.
El análisis detalla que el Clan del Golfo es la estructura con el crecimiento más expansivo, aumentando sus filas en un 30 % para un total de 9.840 miembros. Por su parte, el Estado Mayor Central (EMC), liderado por ‘Iván Mordisco’, y el ELN también registraron incrementos significativos. A pesar de que la Fuerza Pública aumentó su ofensiva en un 34 %, la FIP advierte que el Estado mantiene una respuesta reactiva y un debilitamiento en sus capacidades de inteligencia, lo que ha permitido que los grupos ilegales consoliden su control en 13 zonas de disputa activa en el país.
La guerra en 2026 ha dado un salto tecnológico preocupante con el uso masivo de drones cargados con explosivos, registrando 277 ataques en el último año, más del doble que en 2024. Este fenómeno, sumado al aumento del 85 % en el desplazamiento forzado y la crisis humanitaria en regiones como el Catatumbo, refleja un deterioro profundo de las condiciones de vida en los territorios. La OCHA reportó que más de un millón de personas sufrieron confinamientos, una cifra que triplica los registros del año anterior y evidencia la pérdida de control territorial por parte del Estado.
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En el ámbito urbano, el secuestro se disparó un 133 %, transformándose en una herramienta de extorsión que afectó a 651 víctimas en 2025. La FIP concluye que la política de Paz Total ha mostrado señales de agotamiento, asemejándose más a una estrategia con fines electorales que a una solución humanitaria real. Con grupos armados que imponen carnetización y restricciones a la movilidad de los civiles, el desafío para el Gobierno Nacional en lo que resta del año es recuperar la soberanía en zonas donde la criminalidad hoy marca el pulso de la cotidianidad. Nación Colombia seguirá informando sobre la evolución de este crítico mapa de orden público.
