La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el Decreto 1390 de diciembre de 2025, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica y social en el país. La decisión fue adoptada con una votación de 6 magistrados a favor y 2 en contra, marcando un fuerte revés jurídico para el Ejecutivo.
Con esta determinación, quedan sin efecto todos los impuestos y beneficios tributarios creados al amparo de la emergencia, por lo que no podrán seguir aplicándose mientras se define el fondo del asunto. La suspensión se dio luego de que gremios y sectores económicos alertaran sobre vicios de forma y falta de argumentos sólidos en el decreto.
La Corte respaldó la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien sostuvo que el decreto no cumplía con el requisito constitucional de “hechos sobrevinientes e imprevistos”, lo que evidenciaría una posible extralimitación de funciones del Ejecutivo al declarar la emergencia económica.
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Tras la decisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó señalando que la suspensión desconoce la gravedad de la crisis fiscal y social del país. Afirmó que no se trata solo de un déficit fiscal, sino de un “déficit de riesgo”, relacionado con la falta de recursos para cumplir obligaciones como la deuda pública y el sistema de seguridad social, y advirtió que la medida termina protegiendo a los sectores más ricos, en detrimento de los más vulnerables.
