Un reciente informe de la Contraloría General de la República, titulado “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, arrojó resultados alarmantes: de las 34 instituciones vinculadas al Estado, solo una es financieramente autosostenible. El estudio evidencia una profunda desigualdad en la distribución de recursos, donde apenas cuatro instituciones (Nacional, UNAD, Antioquia y del Valle) concentran el 48% de los ingresos del orden nacional, dejando al resto del sistema en una situación de vulnerabilidad administrativa.
La brecha de equidad se hace más visible al analizar la inversión por alumno. Mientras que la Universidad Nacional recibe ingresos de $11.426.139 por estudiante, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) apenas percibe $525.777, una diferencia abismal frente al promedio general de $4.512.090. Esta concentración de recursos responde, en parte, a que este reducido grupo de universidades asume la mayor carga de cobertura académica y matrícula en el territorio nacional, aunque esto no garantiza su salud financiera a largo plazo.
Uno de los puntos más críticos que destaca la Contraloría es el pasivo pensional, que para 2024 asciende a la astronómica cifra de $10,3 billones. De esta deuda, la Universidad Nacional carga con el compromiso más pesado ($4,5 billones), seguida por la Universidad del Valle con $1,4 billones. Esta carga prestacional, sumada a la falta de actualización de los cálculos actuariales, pone en jaque la solvencia del sistema y limita el margen de maniobra para inversión en infraestructura e investigación.
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Finalmente, el ente de control advierte que el 24,2% de las instituciones (ocho en total) presentan niveles de solvencia inferiores al indicador de 3, lo que significa que tienen una capacidad limitada para cubrir sus obligaciones. A pesar de que el 75,8% aún mantiene indicadores adecuados, la dependencia de los recursos públicos y la inequidad en el reparto territorial exigen una reforma estructural. La sostenibilidad del sistema educativo superior en Colombia pende de un hilo si no se soluciona la desfinanciación histórica y la presión de los gastos operacionales.
Colprensa
