La Contraloría General de la República lanzó una alarmante advertencia sobre el deterioro progresivo y crítico del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país. En un reciente informe, el ente de control reiteró las preocupaciones manifestadas desde 2023 a la Supersalud, señalando que los riesgos financieros no solo persisten, sino que se han agravado. Esta situación afecta directamente la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud para millones de ciudadanos.
Las cifras revelan una realidad técnica preocupante: la deuda de las seis EPS más grandes del país creció un 42% entre 2024 y 2025, saltando de $4,5 billones a $6,4 billones. El reporte evidencia un desfase sistemático en los pagos; mientras que en 2024 los hospitales públicos recibieron el 84% de lo facturado, para el año 2025 la cifra cayó al 77%, dejando sin pagar cerca de $3,7 billones solo en ese último periodo.
Uno de los hallazgos más polémicos de la Contraloría es la inequidad en el giro directo. En 2025, los prestadores privados concentraron el 67,7% de estos recursos, dejando a los hospitales públicos con apenas un 23,2%. Además, el ente de control puso la lupa sobre la Nueva EPS, señalando con preocupación que la entidad continúa sin presentar sus estados financieros desde 2023, a pesar de los reiterados requerimientos oficiales.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/presunta-corrupcion-electoral-sacude-a-la-administracion-municipal-de-pasto/
Ante este panorama, el órgano de control instó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud a adoptar medidas estructurales inmediatas. La falta de liquidez en las Empresas Sociales del Estado (ESE) está llevando al sistema al borde de un colapso operativo. Desde Nación Colombia, enfatizamos que garantizar el flujo oportuno de los recursos es una obligación constitucional para proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Colprensa
