El Gobierno Nacional, liderado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, dio un paso decisivo hacia la modernización del sector al radicar ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026. Esta iniciativa busca transformar estructuralmente la vigilancia del transporte en el país, pasando de un modelo meramente punitivo a uno preventivo y técnico. Acompañada por el superintendente de Transporte, Enrique Piñeres, la jefa de la cartera enfatizó que el objetivo primordial es ordenar el sector y combatir la ilegalidad en todos sus modos, garantizando reglas claras para operadores y ciudadanos.
La propuesta legislativa responde a un diagnóstico crítico: Colombia padece un régimen de supervisión fragmentado y desactualizado, lo que ha facilitado el crecimiento de la informalidad y los abusos contra los pasajeros. Según datos del sector, la falta de herramientas sancionatorias ágiles ha permitido que prácticas ilegales prosperen, afectando la competitividad y la seguridad vial. Con esta reforma, el Estado busca cerrar brechas históricas, fortaleciendo el control en los sistemas terrestre, férreo, fluvial, portuario y logístico, integrando por primera vez indicadores verificables de calidad y continuidad.
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Uno de los pilares más innovadores del proyecto es la creación de un título específico de protección a los usuarios. Por primera vez, el Estado tendrá facultades robustas para ordenar la devolución de dinero por cobros indebidos y sancionar de manera proporcional no solo a quienes prestan servicios ilegales, sino también a quienes facilitan estas actividades. En Colombia, se estima que el transporte informal representa un desafío de grandes proporciones para las finanzas públicas y la seguridad de la vida, por lo que este enfoque de responsabilidad compartida busca desincentivar el uso de plataformas o vehículos no autorizados de manera estructural.
Finalmente, el Proyecto de Ley 347 define con precisión las competencias entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, evitando choques de mando que suelen diluir la autoridad. La ministra Rojas subrayó que «no se trata de castigar más, sino de supervisar mejor», apostando por un sistema más transparente que priorice el interés público y la legalidad. Con el inicio del trámite legislativo, se espera que el Congreso debata estas medidas que prometen elevar los estándares de servicio y dignificar el transporte para todos los colombianos.
