La aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, Nataly Vélez, ha reavivado un polémico debate nacional al proponer impulsar la pena de muerte para los violadores de menores de edad en Colombia. La iniciativa ha generado fuerte rechazo y debate en los círculos jurídicos, políticos y de derechos humanos, dado que la pena capital está expresamente prohibida por la Constitución colombiana y por tratados internacionales ratificados por el país.
Como parte de su justificación, Vélez citó cifras sobre violencia sexual infantil, sosteniendo que cada día en Colombia serían víctimas de abuso sexual al menos 56 niños y niñas. Según los datos que mencionó, entre enero y noviembre de 2025 se habrían registrado 15.394 delitos sexuales, de los cuales 1.886 corresponderían a casos contra menores de entre 0 y 5 años. Estas cifras ponen de manifiesto la gravedad del problema de violencia sexual en el país y la alta sensibilidad social sobre este tema.
Vélez calificó estos hechos como una forma de “barbarie” y argumentó que los delitos sexuales contra menores no deben ser tratados como conductas comunes dentro del sistema penal. Bajo esta premisa, defendió la necesidad de imponer las máximas penas posibles a los responsables de estos crímenes, lo que abrió un intenso debate sobre el alcance de la justicia penal y las barreras constitucionales existentes.
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La propuesta cuenta con el respaldo del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien ha acompañado a Vélez en escenarios de promoción política y ha manifestado su apoyo a la iniciativa, insistiendo en que la medida busca responder a la gravedad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, expertos legales han señalado que introducir la pena de muerte implicaría una reforma constitucional compleja, puesto que el artículo 11 de la Carta Política afirma que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte.
