La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) manifestó su preocupación por el incremento del 23% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, al considerar que la medida no cuenta con un sustento técnico sólido y podría generar impactos negativos en el empleo formal, la inflación y el acceso a la vivienda en Colombia.
De acuerdo con el gremio, el aumento salarial introduce presiones significativas sobre distintos sectores de la economía, afectando directamente la capacidad de los hogares para asumir gastos esenciales. En particular, las familias de menores ingresos serían las más perjudicadas, ya que enfrentarían mayores dificultades para acceder a una vivienda propia en un contexto de costos al alza.
Uno de los efectos más sensibles se registrará en el mercado de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos precios máximos están indexados al salario mínimo. Esto implica que el ajuste decretado se traducirá en un encarecimiento automático del valor de estos inmuebles, reduciendo las posibilidades de compra para miles de hogares.
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Fedelonjas advirtió que las familias que adquirieron vivienda VIS o VIP y cuya escrituración se realice a partir de enero de 2026 deberán asumir el incremento en el precio final, incluso si el proceso de compra inició antes del aumento. El impacto resulta aún más crítico si se tiene en cuenta que, a octubre de 2025, cerca del 50% de las viviendas con licencia aprobada en el país correspondían a vivienda social.
