Miles de trabajadores en Colombia podrían no beneficiarse del aumento del salario mínimo y, peor aún, quedar sin empleo, debido a un proyecto de decreto que avanza en el Ministerio de Trabajo mientras se desarrolla la concertación salarial entre el Gobierno nacional y los empresarios. La alerta afecta a más de 500.000 empleados formales de empresas de servicios temporales, quienes dependen en su mayoría de este ingreso para sostener a sus familias.
Bogotá, diciembre de 2025. Aunque el país se prepara para conocer el nuevo salario mínimo, un proyecto normativo sobre tercerización e intermediación laboral mantiene en vilo a miles de trabajadores. La iniciativa busca prohibir el uso de servicios temporales para necesidades consideradas permanentes, como picos de producción, cosechas o temporadas altas de ventas, lo que podría traducirse en despidos masivos.
El rechazo ciudadano ha sido contundente. El 99,7 % de los casi 3.000 comentarios recibidos en la consulta pública fueron negativos, reflejando el temor de los trabajadores a perder su empleo y el bienestar de sus hogares. El abogado laborista David Zapata advirtió que más del 90 % de estos empleos dependen directamente del salario mínimo, y que los más afectados serían operarios, vendedores, enfermeras, conductores, meseros, aseadoras, celadores, obreros de construcción, mujeres y jóvenes de la economía popular.
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De acuerdo con el Observatorio del Mercado Laboral de Acoset, los sectores más impactados serían la industria manufacturera, el comercio, el transporte, la construcción y el alojamiento y servicios de comida. Ante este panorama, más de 15 asociaciones gremiales, entre ellas el Consejo Gremial, Fenalco, la ANDI, la SAC y ACOPI, pidieron el retiro o ajuste del decreto, advirtiendo que su aplicación actual podría generar cierres operativos, pérdidas económicas y destrucción masiva de empleo.
