La Defensoría del Pueblo pidió hoy al presidente, Gustavo Petro, evaluar de manera integral los acuerdos y logros alcanzados en las negociaciones de paz con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), tras la revelaciones de «presuntos vínculos» con miembros de la Fuerza Pública y funcionarios.
«La paz es un camino humanista», señaló la Defensoría, al sostener que la búsqueda de la paz le otorga al Jefe de Estado amplias facultades, como la suspensión de órdenes de captura, con la finalidad única de facilitar el desarrollo de los procesos de paz, al tiempo que advirtió sobre los riesgos por el uso indebido de esos beneficios.
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Advirtió que el hecho ocurrido en Anorí, en julio de 2024, generó dudas sobre el uso adecuado de los beneficios que las negociaciones de paz le han otorgado a los negociadores de la EMBF y en particular a alias “Calarcá Córdoba” y otros representantes en la mesa, luego de que se verificara «el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad».
La Defensoría señaló que el país enfrentó dos imágenes contrapuestas del proceso: la que mostraron las decisiones formales de la mesa de diálogo y la que reveló la realidad en los territorios.
En la práctica, se observó el aumento de hombres del EMBF en distintas regiones, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas, la continuación del reclutamiento y una expansión territorial y un control poblacional creciente.
A esto se sumaron declaraciones públicas de voceros que «ponen en duda su voluntad de transitar hacia la paz» y el reciente informe de Noticias Caracol que planteó presuntos planes que se apartarían del camino de la paz.
El contexto se agrava por las revelaciones mediáticas recientes sobre «presuntos nexos entre este grupo armado y miembros de la Fuerza Pública en varias zonas del país, y con altos funcionarios del Estado en el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia«.
De ser ciertas, estas informaciones indicarían «no solo un plan distinto de parte del grupo, sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz».
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo urgió a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, e informar sus avances.
Y solicitó a los disidentes del EMBF a que honre su palabra con «la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren reclutados en sus filas», mientras se esclarecen estos hechos.
Colprensa
