El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, se convirtió en el centro del debate político tras salir en defensa del presidente Gustavo Petro y su familia, luego de que el Gobierno de Estados Unidos los incluyera en la Lista Clinton, una medida que conlleva sanciones financieras, restricciones bancarias y aislamiento frente al sistema económico estadounidense.
En declaraciones a medios nacionales, Idárraga pidió mantener la calma y “seguir abriendo los caminos de diálogo con el gobierno americano para superar la crisis, pero siempre manteniendo la dignidad”.
Sin embargo, sus palabras generaron controversia por el papel institucional que ocupa. La Secretaría de Transparencia fue creada para vigilar la integridad de la gestión pública, no para intervenir en asuntos diplomáticos ni actuar como vocero político del presidente.
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Analistas consultados por Nación Colombia, medio aliado de Nación Paisa, señalaron que el pronunciamiento del funcionario podría representar un conflicto de interés institucional. “Quien debe promover la lucha contra la corrupción no puede convertirse en defensor político de los sancionados”, señalaron. Además, recordaron que los temas de sanciones internacionales corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, no a dependencias adscritas a la Presidencia.
Uno de los expertos, quien hace parte del equipo diplomático del actual gobierno, pidió mantener su identidad en reserva.
El episodio abre un debate sobre los límites entre transparencia y lealtad política. Mientras la Casa de Nariño guarda silencio, la intervención de Idárraga deja la sensación de que el discurso anticorrupción del Gobierno podría estar cediendo terreno frente a la defensa personalista del poder.
En diplomacia y ética pública, la línea es clara: quien debe garantizar la transparencia no puede convertirse en su abogado de oficio.
