El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacudió los cimientos políticos y financieros de Colombia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton, por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y lavado de activos.
Horas después, Asobancaria, el gremio que agrupa a las entidades financieras del país, rompió el silencio con un comunicado medido pero contundente. “El sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos. Seguirá actuando en concordancia con las autoridades nacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, indicó el texto.
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Aunque el mensaje parece técnico, envía una señal clara: los bancos acatarán las sanciones internacionales impuestas por la OFAC, pero no actuarán fuera del marco legal colombiano. Con ello, Asobancaria trazó una línea institucional entre la cooperación internacional y la soberanía jurídica del país.
Estar en la Lista Clinton implica quedar fuera del sistema financiero global. Las personas o entidades incluidas enfrentan congelación de bienes, bloqueo de cuentas en el extranjero y restricciones para operar en dólares. Además, sufren un daño reputacional severo que se extiende a cualquier compañía o individuo que mantenga vínculos comerciales con ellos.
Para el presidente Petro y su círculo cercano, la medida supone restricciones en operaciones en divisas, tarjetas internacionales, créditos y transferencias con contrapartes extranjeras. Dentro del país, las entidades financieras deberán reforzar controles y reportes, aunque no podrán cerrar cuentas sin orden de la Superintendencia Financiera.
La sanción de la OFAC deja a Colombia en un terreno inexplorado. Nunca antes un presidente en ejercicio de una democracia latinoamericana había sido sancionado por Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico.
El comunicado de Asobancaria busca enviar calma, pero también deja entrever un dilema estructural: el sistema bancario colombiano depende del dólar, y un paso en falso podría acarrear sanciones internacionales a las propias entidades financieras nacionales.
Hasta ahora, ni el Banco de la República ni el Ministerio de Hacienda se han pronunciado. Los mercados reaccionaron con alta volatilidad, y agencias internacionales ya evalúan una posible revisión de la calificación de riesgo país. En el Congreso, la oposición habla de una crisis diplomática y financiera sin precedentes. Desde la Casa de Nariño, reina el silencio.
En menos de 24 horas, Colombia pasó de una polémica política a una emergencia internacional con riesgo económico real. El cierre del comunicado de Asobancaria resume el tono del momento: “El sistema financiero colombiano continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su estabilidad e integridad.”
Una frase que, en tiempos de crisis, suena más a advertencia que a tranquilidad.
