La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma y ordenó su captura inmediata para que cumpla una pena de 57 meses y un día de prisión por haber pagado un soborno para ser beneficiado en dos procesos penales que se adelantaban en su contra en el alto tribunal, en un caso relacionado con el escándalo del “Cartel de la Toga”.
La decisión de la Corte ratifica el fallo emitido el 19 de enero de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia, que lo encontró coautor del delito de cohecho por dar y ofrecer, al demostrarse que entregó dinero a través de su entonces abogado, Luis Gustavo Moreno, para corromper a un funcionario judicial.
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La investigación reveló que Córdoba Manyoma acudió a una organización criminal conocida como “La Oficina”, liderada por los exmagistrados de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos, en la que también participaba el entonces magistrado Gustavo Malo y el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.
Este grupo se dedicaba a “vender” decisiones judiciales favorables a cambio de millonarias sumas de dinero, disfrazadas de “honorarios”, a funcionarios aforados investigados por la Corte. Según el expediente, la mayoría de los casos que manejaba esta red se tramitaban en el despacho del magistrado Malo.
El excongresista Córdoba Manyoma llegó a esta “oficina” por recomendación del entonces senador Hernán Andrade y acordó con Francisco Ricaurte el pago de 800 millones de pesos para que lo defendieran en varios procesos en su contra, uno de ellos por presuntos nexos con bandas criminales. Para esto, le otorgó el poder al abogado Moreno Rivera.
Con el tiempo, Ricaurte le comunicó a Córdoba Manyoma que sus casos eran muy complejos y que su captura era “inminente”, por lo que era necesario “reestructurar los honorarios”. El congresista pidió tiempo para conseguir más dinero.
Para evitar una decisión judicial adversa mientras tanto, Ricaurte le ordenó a Moreno contactar al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, quien estaba a cargo de tramitar las investigaciones contra Córdoba en el despacho del magistrado Malo. El objetivo era pedirle su “colaboración”.
Moreno se reunió con Ruiz y le pidió ayuda. El magistrado auxiliar aceptó, pero a cambio de que también lo “ayudaran”. Según el testimonio de Moreno, se pactó el pago de 200 millones de pesos para que Ruiz dilatara los procesos y evitara enviar uno de los expedientes al grupo de investigación de parapolítica de la Corte.
Cuando Moreno le comunicó el acuerdo a Córdoba Manyoma, este “no encontró objeción alguna” y procedió a entregar el dinero en varias cuotas. Los pagos se realizaron en efectivo en el apartamento del congresista en Ciudad Salitre y en la residencia de Moreno.
Aunque Camilo Ruiz, en una segunda declaración ante la justicia, aseguró haber recibido solo 70 millones de pesos y no 200, sí admitió que aceptó el dinero como un pago por los actos de corrupción. “Reconocía cuál era el origen, pues que esto se trataba de actos de corrupción”, señaló Ruiz, quien colabora con la justicia.
La Corte encontró pruebas de que, efectivamente, Ruiz cumplió su parte del trato. Los expedientes demostraron que, tras el acuerdo, las diligencias en los procesos contra Córdoba Manyoma fueron aplazadas de manera reiterada y sistemática, cumpliendo el objetivo de “comprar tiempo”.
Incluso se documentó una reunión en la oficina de posgrados de la Universidad Libre, facilitada por el abogado Vadith Orlando Gómez, en la que participaron Moreno, Ruiz y Córdoba Manyoma. El propósito de este encuentro era darle un “parte de tranquilidad” al congresista sobre el cumplimiento de los compromisos ilegales, especialmente después de que Moreno fue nombrado director Anticorrupción de la Fiscalía y Córdoba temía que su caso quedara desatendido.
La defensa del exrepresentante argumentó que la condena se basaba en suposiciones y contradicciones, especialmente sobre el monto del dinero. Sin embargo, para la Sala Penal de la Corte, aunque existan diferencias en las cifras, lo fundamental es que los testigos principales, Moreno y Ruiz, coincidieron en lo esencial: “el ofrecimiento y entrega ilícitas de dinero de parte del particular Luis Gustavo Moreno a nombre del congresista aquí procesado, y la consecuente aceptación y recibo de dichos recursos” por parte del magistrado auxiliar a cambio de retardar las investigaciones.
Con estos elementos, la Corte Suprema concluyó que Córdoba Manyoma actuó con “dolo”, es decir, con pleno conocimiento y voluntad, para entregar el soborno y corromper a un funcionario judicial, por lo que confirmó la condena y ordenó su reclusión en un centro que designe el INPEC.
Colprensa
