El representante a la Cámara, Miguel Polo, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que no buscó ofender la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», con un video en el que arrojaba a la basura unas botas que las homenajeaban, sino expresar su rechazo al presidente, Gustavo Petro, y cuestionar lo que calificó como una “cifra inflada” de víctimas.
En su declaración ante el alto tribunal, el congresista se refirió a las madres de los jóvenes asesinados por miembros del Ejército y presentados como bajas en combate.
“Si a ellas les mataron sus hijos, lo lamento, lo siento, mi intención nunca fue lastimarlos», afirmó Polo Polo, pero inmediatamente después matizó sus palabras al señalar que el objetivo de sus críticas era otro. “Aquí estamos cuestionando es un número inflado”, dijo.
El representante explicó que su actuar no pretendía afectar los sentimientos de las familias, sino que era una manifestación política en contra del Gobierno. “Lo que hemos cuestionado es la cifra inflada que han usado para hacer politiquería y respaldar a Gustavo Petro”, concluyó.
La declaración de Polo se produjo en el marco de la investigación formal que le abrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el pasado primero de octubre por el presunto delito de discriminación.
El caso se originó el 6 de noviembre de 2024, cuando el congresista publicó un video en sus redes sociales en el que retiraba y metía en bolsas de basura una instalación artística ubicada en la Plaza Núñez del Capitolio.
La obra, titulada ‘Mujeres con las botas bien puestas’, estaba compuesta por botas de caucho intervenidas por artistas y por la Asociación de Madres de Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), y buscaba honrar la memoria de las 6.402 personas que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron víctimas de estos crímenes de Estado. «Esas botas deben estar en el canasto de la basura», afirmó Polo Polo en la grabación.
La acción del representante provocó la radicación de una denuncia penal el 18 de noviembre de 2024 por parte de Mafapo y el senador Iván Cepeda, quienes consideraron el acto como una «afrenta revictimizante» que promovía el negacionismo. Para los denunciantes, la intervención del congresista podría configurar los delitos de discriminación, hostigamiento e injuria.
Este hecho ya había tenido consecuencias judiciales previas. El 6 de diciembre de 2024, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá le ordenó a Polo, mediante un fallo de tutela, pedir perdón a las madres de las víctimas y reinstalar la obra en un plazo de tres días, al considerar que su acto fue «una grave falta de respeto y vulneración a la dignidad de las víctimas».
El episodio también generó un fuerte rechazo social. La JEP calificó lo sucedido como «actos de odio» y cientos de ciudadanos se congregaron días después en la Plaza de Bolívar con botas de caucho bajo la consigna «La memoria no se bota» para respaldar a las víctimas.
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Esta indagatoria por discriminación es solo una de las cinco investigaciones que enfrenta actualmente Miguel Polo en la Corte Suprema de Justicia, lo que lo convierte en uno de los congresistas con más procesos abiertos en el alto tribunal.
Esta misma semana, la Sala Especial de Primera Instancia dejó en firme el juicio en su contra por el delito de hostigamiento agravado. Este proceso se originó por publicaciones del 14 de noviembre de 2023, en las que mostró la quema de una bandera del M-19 y de una foto del presidente Petro, con la frase “¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”. En este caso, la Corte citó como testigos al propio mandatario, a la vicepresidenta Francia Márquez y a la senadora María José Pizarro.
Además, el representante enfrenta dos investigaciones por injuria y calumnia. Una de ellas fue iniciada por señalamientos contra Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a quien calificó de «bandido».
La otra investigación, por injuria agravada, ya lo tiene formalmente acusado y a punto de ir a juicio por acusar a Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, de ser responsable del suicidio de dos jóvenes y de financiar a la «primera línea».
Finalmente, la Corte Suprema lo acusó formalmente por incitación a la violencia, tras una denuncia del concejal bogotano José Cuesta. La investigación se centra en mensajes donde el congresista comparó a miembros de las extintas guerrillas con el sicario Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, afirmando que todos eran «igual de criminales y despiadados».
Nota: Colprensa
