Los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc comenzaron a definir esta semana cómo cumplirán la sentencia restaurativa impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la política de secuestros que dejó más de 21.396 víctimas en el país.
El primer encuentro se llevó a cabo este viernes en compañía de la Fundación Revipaz, creada en 2022 por un grupo de víctimas de secuestro y comparecientes de las Farc. Allí se trazaron las bases de los proyectos restaurativos que deberán ejecutar durante los ocho años de sanción.
En la próxima sesión, Revipaz presentará una lista de proyectos iniciales y un cronograma de ejecución que será evaluado por la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Este paso permitirá definir el apoyo de las entidades estatales involucradas y garantizar la implementación de acciones en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Al encuentro asistieron, entre otros, Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda, junto a víctimas como Danilo Conta, Héctor Horacio Mahecha, Élmer Caviedes y Diva Cristina Díaz. Los proyectos incluirán memoria histórica, restauración ambiental, actividades comunitarias y acciones de reparación enfocadas en la reconciliación.
Los sancionados por la JEP son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Esta es la primera condena contra el Secretariado de las Farc por la política de secuestros, cuya impunidad en la justicia ordinaria superaba el 90%.
De acuerdo con la JEP, los excomandantes reconocieron responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que recibieron sanciones propias que incluyen restricciones a sus libertades como movilidad y residencia. Durante los ocho años deberán cumplir horarios, permanecer en lugares determinados y estarán bajo monitoreo electrónico.
Entre los proyectos priorizados se encuentran:
Búsqueda de personas desaparecidas: colaboración con la UBPD en la recuperación de cuerpos en cementerios como el de Palmira, Valle.
Acción contra minas antipersonal: recolección de información sobre zonas de riesgo para apoyar labores de desminado.
Recuperación ambiental: viveros e iniciativas de reforestación con especies nativas.
Memoria y reparación simbólica: construcción de relatos, objetos de memoria y actos de perdón en ciudades como Cali y Neiva.
Con este primer paso, la JEP busca que las sanciones restaurativas trasciendan el castigo y se conviertan en acciones concretas de reparación, verdad y reconciliación para las víctimas del conflicto armado.
Colprensa
