El Ministerio del Interior radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta utilización de civiles en asonadas atribuidas a Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). La acción fue presentada por el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, quien alertó sobre la gravedad de los hechos ocurridos en el departamento del Huila.
Según explicó el funcionario, el pasado 2 de agosto de 2025, en la vereda Balén, en La Plata (Huila), integrantes de las disidencias de las Farc habrían amedrentado y coaccionado a la población civil, obligándola a marchar hacia un destacamento militar para forzar la salida de las tropas allí presentes. Rondón sostuvo que este tipo de acciones constituyen graves delitos tipificados como concierto para delinquir y asonada, además de ser una violación directa al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Estatuto de Roma.
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La denuncia menciona de manera directa al Grupo Armado Organizado Residual Hernando González Acosta, al Bloque Central Isaías Pardo y al autodenominado Estado Mayor Central, así como a sus cabecillas. El viceministro exigió que se abran investigaciones formales contra estos responsables y que se les apliquen sanciones ejemplares.
De igual forma, el Ministerio reclamó que las víctimas de estos hechos sean reconocidas como sujetos de especial protección constitucional, lo que implica garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, se advirtió que no solo se trata de un ataque contra la Fuerza Pública, sino de una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las comunidades rurales que han quedado en medio de la confrontación armada.
El Ministerio del Interior responsabilizó directamente a los grupos armados por poner en riesgo la integridad y la tranquilidad de los habitantes, al tiempo que urgió a las autoridades judiciales a investigar hechos similares registrados en otros departamentos del país. Para el Gobierno, estas prácticas reflejan un patrón de violencia que busca instrumentalizar a la población civil como mecanismo de presión frente a las instituciones del Estado.
La denuncia fue recibida por la Fiscalía en Bogotá el 17 de septiembre de 2025, y hace parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por fortalecer la ruta judicial frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por estructuras armadas ilegales. El viceministro Rondón subrayó que se trata de un llamado urgente a las instituciones de justicia para que actúen con celeridad y firmeza, de modo que se evite que los civiles sigan siendo usados como herramienta de la violencia en el marco del conflicto interno.
Con esta acción, el Gobierno reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las comunidades más vulnerables frente a la acción de los grupos armados ilegales. Además, busca consolidar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad y dejar un precedente sobre la necesidad de sancionar a quienes atentan contra la paz y la seguridad en el país.
