La empresa brasileña Telecall, que participó en la subasta de espectro 5G en Colombia en 2023, atraviesa un nuevo capítulo en su disputa con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). En lugar de presentar una demanda, la compañía anunció que busca un proceso de conciliación, con el fin de lograr acuerdos que permitan realizar los pagos pendientes, superiores a $318.000 millones, junto con los respectivos intereses.
De acuerdo con un concepto jurídico elaborado por el exmagistrado del Consejo de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien hace parte de la defensa de Telecall, los dos procesos administrativos que el MinTIC abrió en diciembre de 2024 serían “completamente ilegales”. Según el análisis, el Ministerio habría incurrido en irregularidades legales y procesales, lo que comprometería la validez de sus decisiones.
Presuntas irregularidades del MinTIC
El documento sostiene que el Ministerio aplicó un procedimiento administrativo común cuando la ley exige un trámite sancionatorio, lo que lo convierte en un “procedimiento ilegal”. Además, enfatiza que la normativa vigente sí permite recibir pagos extemporáneos, por lo que la negativa del MinTIC no tendría sustento jurídico.
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Santofimio también cuestiona la proporcionalidad de las sanciones. A su juicio, cancelar el permiso de operación por un incumplimiento subsanable sería una medida excesiva. A esto se sumaría la supuesta vulneración al derecho de defensa de la compañía, que habría perdido garantías legales debido al uso del procedimiento incorrecto.
Otro punto crítico radica en la ejecución de la póliza de seriedad, la cual, según el concepto, solo puede aplicarse tras una declaratoria de incumplimiento firme, y no de manera anticipada como se hizo en este caso.
Riesgo fiscal y seguridad jurídica
El informe advierte que la actuación del Ministerio se apoyó en normas derogadas y en jurisprudencia inexistente, lo que podría generar la nulidad de los actos administrativos. También alerta sobre el riesgo fiscal que implicaría rechazar el pago de más de $318.000 millones ofrecido por Telecall, así como la posible responsabilidad fiscal, disciplinaria y patrimonial de los funcionarios involucrados.
Más allá del caso particular, el exmagistrado resaltó que estas decisiones envían una señal negativa de inseguridad jurídica, lo cual podría afectar la confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia y poner en riesgo futuros procesos de licitación.
Camino hacia la conciliación
Como salida, el concepto jurídico recomienda dejar sin efectos lo actuado hasta ahora, iniciar el procedimiento sancionatorio que ordena la ley y permitir que Telecall realice el pago pendiente para sanear la situación. La compañía ha reiterado que no busca demandar al Estado colombiano, sino conciliar para resolver el conflicto de manera institucional y mantener su operación en el país.
Con este paso, Telecall abre la puerta a un proceso de negociación que podría sentar un precedente en el manejo de controversias entre empresas privadas y el MinTIC, en un sector clave como el de las telecomunicaciones.
