La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este martes su primera sentencia restaurativa contra los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc, por la política de secuestros que dejó al menos 21.396 víctimas en todo el país. Los excomandantes fueron condenados a la sanción máxima de ocho años de trabajos y obras con contenido reparador.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Esta es la primera vez que rinden cuentas ante la justicia por estos crímenes, cuya impunidad en la justicia ordinaria alcanzaba el 92%.
También te puede interesar: https://nacioncolombia.com/contraloria-revela-hallazgos-fiscales-en-aerocivil/
La JEP explicó que, al haber aportado verdad y reconocido responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, recibieron sanciones propias, con restricciones a sus derechos y libertades. Deberán cumplir horarios, permanecer en lugares determinados y estarán bajo monitoreo electrónico.
Durante los ocho años de la sanción, participarán en proyectos de reparación como:
Búsqueda de desaparecidos, en coordinación con la UBPD, iniciando en el cementerio de Palmira.
Acción contra minas antipersonal, recopilando información de zonas de riesgo.
Recuperación ambiental, mediante viveros y reforestación con especies nativas.
Memoria y reparación simbólica, con testimonios, actos de perdón y un proyecto de relatos dignificantes en Cali y Neiva.
El magistrado Camilo Suárez Aldana señaló que la sentencia “no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento” y exige más que cárcel: “reconocer públicamente los crímenes, dar la cara a las víctimas y trabajar en favor de ellas”.
La investigación concluyó que las Farc usaron el secuestro como política criminal con tres fines: financiación, presión al Estado y control territorial. En muchos casos, las víctimas fueron encerradas en corrales de alambre, descritos como “jaulas” o “campos de concentración”.
Además, la JEP declaró a los exmiembros del Secretariado responsables de homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamiento forzado y tortura. También ordenó a entidades estatales como la UARIV y la Unidad de Restitución de Tierras revisar casos pendientes de reparación y restitución.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, resaltó que este proceso ha sido reparador desde el inicio, pues permitió verdades y reconocimientos. Un ejemplo fue cuando Pablo Catatumbo pidió perdón a Edward Arias por un crimen injusto cometido contra su familia.
El cumplimiento de las sanciones será monitoreado por la JEP y la ONU, bajo un mecanismo de verificación con visitas presenciales y dispositivos electrónicos. La JEP advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la pérdida de beneficios.
Colprensa
