La Procuraduría pidió al Ministerio de Salud y Protección Social cumplir de manera estricta la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde al valor anual que el Estado reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada uno de sus afiliados para garantizar la prestación del servicio.
En la última sesión de las mesas de trabajo para el ajuste de la UPC, el Ministerio Público sostuvo que las decisiones para corregir el desbalance financiero del sistema deben partir del consenso técnico y participativo, sin desconocer la competencia del Ministerio de Salud.
La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social resaltó que estas órdenes de la Corte ya no son objeto de controversia y tienen efecto de cosa juzgada, por lo que urgió su cumplimiento.
El llamado del órgano de control se da tras una serie de decisiones judiciales que empezaron con la Sentencia T-760 de 2008, la cual abordó las fallas estructurales del sistema de salud, y se intensificaron este año. La Corte Constitucional, en seguimiento a ese fallo, declaró la insuficiencia de la UPC para 2024 al concluir que no cubría adecuadamente las necesidades de los servicios de salud de los afiliados.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud corregir el rezago que se registra desde 2021 para cubrir las prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, la cartera de Salud emprendió varias acciones legales para controvertir la decisión.
Primero, a través del Auto 007 de 2025, la Corte rechazó una solicitud de nulidad presentada por el Ministerio por ser extemporánea y carecer de la carga argumentativa exigida. La Sala Plena recordó que los recursos judiciales no pueden usarse para reabrir debates ya resueltos.
(También le puede interesar: Defensoría pide suspender diálogos con Comandos de la Frontera)
Posteriormente, en el Auto 504 de 2025, la Corte negó una solicitud de aclaración del Ministerio, argumentando que las preguntas pretendían cuestionar decisiones de fondo ya adoptadas. El Ministerio pedía, entre otras cosas, el estudio técnico que sustentaba la existencia de un rezago en la UPC y cuestionaba la competencia de la Corte en aspectos técnicos del cálculo.
Debido a falencias en la participación, la Corte Constitucional ordenó el pasado 13 de mayo suspender por 30 días las mesas de trabajo creadas por el Ministerio para revisar la UPC. La Sala Especial de Seguimiento concluyó que las reglas no garantizaban una participación «real y efectiva» de todos los actores del sistema, como EPS, IPS, pacientes y académicos.
La Corte advirtió que las deficiencias metodológicas podrían afectar la calidad de las decisiones y, por ende, la sostenibilidad del sistema de salud. Por ello, ordenó que, si las sesiones ya habían concluido, debían reiniciarse siguiendo los parámetros del tribunal.
Atendiendo la orden, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 1324 del 27 de junio de 2025, con la que se reinició la mesa de trabajo. Para este nuevo ciclo fueron convocados el Ministerio de Hacienda, la ADRES, entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía, representantes de EPS e IPS y gremios del sector.
Durante las reuniones se tratarán temas como el rezago señalado por la Corte, la siniestralidad, las frecuencias de uso y la forma en que se reconocerá a las EPS el reajuste de la UPC de 2024.
«Reiniciamos la mesa de trabajo participativo para revisar la suficiencia de la UPC de 2024, invitando a realizar de nuevo un ejercicio participativo en el que todos los actores del sector salud entreguen insumos e información suficiente para poder realizar el análisis», concluyó en su momento el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
(Colprensa)
