Mientras los robos, extorsiones y homicidios se disparan en la localidad de Suba, la Unidad de Reacción Inmediata (URI), que prometía acercar la justicia a los ciudadanos, no es más que un lote cercado con polisombra. Este proyecto, que debía estar a mitad de camino, apenas tiene un avance del 21 %. Lo más preocupante es el giro de más de $2.700 millones, y la obra está prácticamente abandonada.
La denuncia fue presentada por la concejal Diana Diago, quien advirtió un grave retraso en la ejecución del contrato No. 1814 de 2024, adjudicado para la construcción de esta infraestructura clave en uno de los sectores más golpeados por la inseguridad en Bogotá. De acuerdo con la cabildante: “La plata ya se giró, pero la obra no avanza. ¿Dónde están los recursos?”, señalando que se anticiparon $2.500 millones al contratista, pero solo se han ejecutado $644 millones.
Una obra que no despega, en medio de una localidad sitiada por el delito
El contrato, por un valor total de $8.600 millones, fue firmado entre la Secretaría de Seguridad del Distrito —bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán— y el consorcio CSJT 42 — URIS, conformado por las firmas Sigma S.A.S. y Libardo Quintero Silva. Su objeto era reforzar y construir una nueva URI para Suba. Sin embargo, a junio de 2025, el avance apenas alcanza el 21,45 %, cuando debía ir en el 57,11 %. El retraso es del 35,66 %.
Uno de los principales problemas es que la obra comenzó sin contar con estudios completos, lo que ha llevado a modificar el contrato y pone en duda la planeación del proyecto desde su inicio. “Es inaceptable que un contrato tan costoso arranque con estudios incompletos. Esa falta de diligencia se traduce en más inseguridad y menos justicia para los ciudadanos que ya están cansados de la ineficiencia”, puntualizó la concejal Diago.
Una URI estancada en medio de una crisis de seguridad en Suba
La localidad enfrenta una crisis de seguridad. En lo que va del año se han registrado 6.896 hurtos a personas, 402 delitos sexuales, 143 casos de extorsión, 49 homicidios, 572 robos a comercios y 464 hurtos a residencias, según cifras oficiales.
En este contexto, la falta de una URI funcional agrava la situación. Las unidades de reacción inmediata permiten hacer denuncias de manera ágil, judicializar a capturados y descongestionar estaciones de Policía. Pero sin una sede operativa, los procesos se frenan y los ciudadanos quedan desprotegidos.
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Recientemente, la URI de Puente Aranda fue escenario de un motín, con colchones incendiados por detenidos, lo que dejó en evidencia el colapso del sistema. Este tipo de situaciones demuestra por qué se necesita con urgencia la nueva URI de Suba.
La entrega oficial está fijada para enero de 2026, pero con los retrasos acumulados y los errores en los diseños, ya está claro que esa fecha no se va a cumplir, lo que generará una nueva prórroga para esta obra. La ineficiencia del Gobierno Distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de Seguridad, está poniendo en jaque la tranquilidad de los habitantes y comerciantes de Suba, que ven cómo la seguridad debe seguir esperando mientras el tiempo y la plata se pierden.
