La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra el representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca, quien deberá rendir cuentas por el presunto delito de concusión.
Este proceso tiene como objetivo aclarar las circunstancias en las que se realizaron depósitos de dinero en las cuentas personales del congresista, efectuados por miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Además, la Corte está investigando si un funcionario de su oficina fue asignado para realizar tareas en un negocio privado, lo que podría constituir un uso indebido de recursos públicos.
El magistrado encargado, que ya ha reunido pruebas preliminares y testimonios, programará en los próximos días la diligencia de indagatoria. En esta audiencia, Racero tendrá la oportunidad de defenderse, explicar las transacciones en cuestión y presentar pruebas que respalden su versión de los hechos.
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Este caso se suma a los recientes cuestionamientos que enfrenta el congresista, quien ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones en su contra, argumentando que son el resultado de ataques políticos. Sin embargo, la apertura formal de esta investigación representa un nuevo capítulo en el seguimiento judicial de su gestión como legislador.
La figura de concusión, según el Código Penal colombiano, se refiere a cuando un servidor público exige o recibe beneficios indebidos aprovechándose de su cargo. Si la Corte logra comprobar responsabilidades, Racero podría enfrentarse a sanciones penales y disciplinarias que afectarían su permanencia en el Congreso.
Por ahora, se espera la programación oficial de la indagatoria y el avance de las actuaciones judiciales que definirán el rumbo del proceso contra el representante.
