Ante el anuncio de una celebración en la vía de hecho instalada en el Parque Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá desplegó acciones urgentes para garantizar la protección de la infancia Embera. El objetivo fue anticipar riesgos, activar rutas de protección y mitigar posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se realizó una articulación entre diferentes entidades distritales para incrementar la presencia institucional y desplegar equipos técnicos en la zona. La intervención buscaba asegurar el acceso a los servicios sociales y prevenir hechos como riñas, consumo de alcohol y otras situaciones que comprometieran la integridad de los menores.
El sábado, sin embargo, algunos voceros impidieron el traslado de los niños y niñas a los Centros Amar de Integración Social, donde reciben atención pedagógica, alimentación y acompañamiento seguro. Esta decisión agudizó la situación de riesgo.
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Durante la jornada, los funcionarios identificaron menores sin acompañamiento adulto, consumiendo residuos de licor y transitando por áreas peligrosas. También se reportó el estado de alicoramiento en varios niños, lo que llevó a la atención de casos críticos y al traslado de una persona al Centro de Traslado por Protección por comportamientos contrarios a la convivencia.
La situación fue aún más compleja por las restricciones de acceso impuestas por algunos miembros de la comunidad, y ya se han presentado más de 12 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por parte de la Alcaldía.
Posteriormente, algunos integrantes de la comunidad bloquearon la Carrera Séptima utilizando vallas del Distrito. En medio de ese bloqueo, se registró un siniestro vial que causó la muerte de un motociclista.
La Alcaldía lamentó profundamente este hecho e hizo un llamado al cumplimiento del artículo 44 de la Constitución, que establece el deber de proteger con prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, reiteró que el Parque Nacional no está bajo jurisdicción indígena, y que debe primar el principio de corresponsabilidad en la protección de la infancia.
