El Gobierno nacional implementó esta semana, mediante un decreto, varios de los puntos clave de la reforma a la salud que no ha logrado aprobar en el Congreso. La decisión encendió las alarmas entre gremios médicos, expertos y sectores políticos, que acusan al Ejecutivo de burlar el debate democrático.
Según el Gobierno, esta acción busca «consolidar un sistema universal, garantista y centrado en la atención primaria», bajo un modelo preventivo. El Ministerio de Salud aclaró que el decreto no reemplaza el debate legislativo en el Senado, sino que desarrolla aspectos previamente aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Entre los cambios más destacados está la creación de redes integradas de salud en los territorios, que articularán prestadores públicos, privados y mixtos. También se plantea fortalecer la red hospitalaria pública, invertir en infraestructura y tecnología, y formalizar el empleo del personal médico.
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Aunque el Gobierno insiste en que no se alteran el rol de las EPS ni el esquema de aseguramiento, críticos aseguran que los cambios ya están en marcha y que la reforma solo legalizará lo que el decreto ya impuso.
Reacciones del sector salud
Organizaciones médicas y gremiales han tildado la medida como un golpe a la Constitución y advirtieron que podría tener efectos devastadores para un sistema que ya atraviesa una grave crisis. Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el decreto impone cambios improvisados, sin recursos ni consensos, que podrían llevar al colapso del sistema.
“El Gobierno pretende instaurar un modelo de control estatal absoluto, donde el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de administración. El sistema de salud se convierte en una herramienta de fidelización política”, señaló Cabal.
El exministro de Salud Alejandro Gaviria también criticó la medida. Según él, se le sigue asignando responsabilidades a las EPS mientras se les reduce su capacidad de gestión, lo que puede afectar directamente la calidad del servicio. Además, denunció que se están generando nuevos gastos sin definir fuentes de financiación, lo que ampliaría el déficit del sistema de salud.
Una decisión que irá a los estrados
La controversia no se hizo esperar. Horas después de conocerse el decreto, ya se habían radicado demandas ante el Consejo de Estado solicitando su nulidad. Entre ellas, las presentadas por los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, quienes aseguran que se están violando derechos fundamentales y principios constitucionales.
Con las demandas en curso, el país entra en una carrera contra el reloj: el Gobierno busca ejecutar los cambios antes de que el decreto sea tumbado, mientras sus críticos hacen todo lo posible para detener lo que consideran una amenaza institucional y sanitaria.
Colprensa
