Las alertas emitidas por la Procuraduría General de la Nación llevaron al Instituto Nacional de Cancerología a cancelar una licitación que pretendía contratar servicios de ferretería y adecuaciones menores, debido a posibles irregularidades en el proceso.
En desarrollo de sus acciones preventivas y de seguimiento, el órgano de control advirtió fallas que comprometían principios fundamentales de la contratación estatal como la transparencia, la selección objetiva y la adecuada planeación.
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Entre las observaciones destacadas, la Procuraduría subrayó la ausencia de fechas definidas en el cronograma para las etapas de evaluación y adjudicación, el desconocimiento del deber de usar el Acuerdo Marco de Precios (AMP), y la falta de una planificación técnica y jurídica adecuada.
Además, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública indicó que el contratista propuesto ya había sido seleccionado en años anteriores para la misma labor, lo cual, según el Ministerio Público, podría afectar los principios de libre competencia y objetividad.
Esta intervención se suma a los recientes llamados de atención del ente de control sobre la necesidad de reforzar los procedimientos administrativos en entidades públicas, garantizando procesos contractuales ajustados a la normatividad vigente y con plena garantía de equidad.
