La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó este lunes su apoyo a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien preside el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno de testigos y fraude procesal.
En su comunicado, Corjusticia subrayó la importancia de la autonomía judicial en el país, haciendo un llamado al respeto por la jueza y su decisión, y recalcando que este caso debe ser tratado exclusivamente bajo principios jurídicos, sin influencias externas.
El organismo, miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados y de la Unión Internacional de Magistrados, recordó que mantiene su compromiso con la defensa de los jueces y la independencia judicial en Colombia.
Corjusticia señaló que “la independencia y autonomía judicial son pilares fundamentales para la administración de justicia”, y llamó tanto a las autoridades nacionales como a las internacionales a respetar el ejercicio funcional de la jueza Heredia Aranda, quien continuará con su labor judicial sin que su decisión sea influenciada por intereses externos.
“Cualquier impugnación de su fallo deberá ser hecha a través de los recursos ordinarios y extraordinarios que establece la ley”, agregó el comunicado.
El respaldo de Corjusticia también incluyó un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad para que garanticen las condiciones necesarias para los jueces y sus equipos de trabajo. En particular, instó al Gobierno, al Consejo Superior de la Judicatura y a las entidades encargadas de la protección personal a tomar las medidas pertinentes para asegurar que los jueces puedan ejercer sus funciones sin riesgo para su integridad.
En su comunicado, Corjusticia enfatizó la necesidad de implementar medidas de protección para los jueces que enfrentan amenazas, recordando que “la protección de quienes administran justicia es crucial para garantizar el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho”. Esta solicitud busca asegurar que Heredia Aranda y todos los jueces en Colombia cuenten con el respaldo adecuado para cumplir con sus funciones sin temor a represalias.
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Previo al anuncio del fallo en el caso de Álvaro Uribe, la jueza Sandra Liliana Heredia leyó un mensaje destacando la importancia de su decisión. En sus palabras, dejó claro que el fallo no tiene motivaciones políticas, sino estrictamente jurídicas.
“El derecho no puede temblar sobre el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder”, señaló. Además, destacó que este juicio “no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de política, es un acto de justicia”.
La jueza también reconoció el apoyo de su equipo y subrayó que la administración de justicia está “al servicio del pueblo colombiano” y no de intereses políticos o mediáticos. Por último, se dirigió al expresidente Uribe, reconociendo su disposición y respeto durante el juicio.
El expresidente Uribe y su defensa han cuestionado en múltiples ocasiones la imparcialidad de la jueza Heredia, al frente del Juzgado 44 Penal del Circuito en Bogotá. El abogado Jaime Granados presentó una recusación alegando que Heredia negó de plano importantes peticiones, como extensiones de plazo para analizar evidencia digital del testigo Juan Guillermo Monsalve y la nulidad de la acusación, lo que revelaría “una falta de imparcialidad exigida por la jurisprudencia”.
El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, rechazó dichas recusaciones y tutelas, señalando que la defensa tuvo los recursos legales previstos y que la jueza actuó dentro del marco del debido proceso .
El caso contra el expresidente Uribe Vélez tiene origen en 2012, cuando él denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Uribe, al considerar que existían indicios de que él y su abogado Diego Cadena habrían presionado a ex paramilitares para cambiar sus declaraciones. La Corte lo llamó a indagatoria en 2019 por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
En agosto de 2020, tras renunciar a su curul en el Senado, el caso pasó del alto tribunal a la Fiscalía General de la Nación, que solicitó la preclusión del proceso en dos ocasiones. Ambas fueron negadas: primero por un juez de conocimiento en 2022 y luego, en 2023, por la jueza 41 penal de Bogotá, quien ordenó avanzar hacia el juicio oral.
La acusación formal fue presentada en mayo de 2024 por la Fiscalía, y desde entonces el proceso ha seguido su curso ante el Juzgado 44 Penal del Circuito, actualmente bajo responsabilidad de la jueza Heredia. Uribe ha negado en todo momento las acusaciones y ha cuestionado la legitimidad del proceso.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia concluyó su comunicado expresando su confianza en que la justicia se llevará a cabo con imparcialidad y firmeza, reafirmando su apoyo a Heredia y al proceso judicial en curso.
(Colprensa)
