Desde el Concejo Distrital revelan cifras preocupantes en materia de seguridad, extorsión y videovigilancia en la capital
Durante la sesión realizada este 15 de julio, que tenía como objetivo el presupuesto destinado a la seguridad en la ciudad se dieron a conocer cifras preocupantes para los capitalinos: En el 2024, la extorsión creció 71,4% y se reportaron más de 2.600 casos, al tiempo que los concejales advirtieron ineficacia e irregularidades en contratos de videovigilancia.
En su intervención el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que en años anteriores se ha intentado fortalecer el pie de fuerza mediante la reincorporación de policías retirados, sin embargo, no se encontró un mecanismo institucional desde el orden nacional para viabilizar esta estrategia. Ante este panorama, se planteó la necesidad de generar nuevas capacidades para Bogotá, entre ellas la creación de los “gestores del orden”. Según Restrepo, estos nuevos agentes, aunque no cuentan con la facultad de aplicar la ley como los uniformados, sí pueden contribuir a optimizar el servicio prestado por la policía activa, ofreciendo respaldo y cobertura complementaria. Asimismo, resaltó la importancia de una estrategia robusta en tecnología y videovigilancia, reconociendo que existe una brecha considerable entre las necesidades de la ciudad y la infraestructura tecnológica actual.
Restrepo también hizo una referencia en materia de control de armas, insistió en que las armas traumáticas representan un reto creciente para la seguridad, ya que potencian la intimidación y dificultan la judicialización efectiva de los delincuentes.
Sobre el tema del debate la concejal Sandra Forero resaltó la necesidad de una visión transversal e integral de la seguridad, así como de mayor articulación entre las diferentes secretarías del Distrito. Por su parte, la concejal Quena Ribadeneira centró su intervención en el delito de extorsión, subrayando que en 2024 se registraron 2.617 denuncias en la ciudad y que este tipo penal aumentó un 71,4 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Mencionó, adicionalmente, que el fenómeno se concentra especialmente en localidades como Kennedy, Suba, Mártires, Santa Fe y Engativá, y cuestionó la eficacia de las campañas institucionales, solicitando que se expliquen los métodos para medir su impacto real.
Por su parte, el concejal Julián Espinosa solicitó claridad sobre los procesos contractuales relacionados con la instalación de cámaras de videovigilancia. En la misma línea, la concejal María Victoria Vargas (Partido Liberal) expresó su preocupación por posibles irregularidades en dichos contratos.
En su participación, la concejal Cristina Calderón abordó el tema del tráfico de armas, especialmente en Kennedy y Ciudad Bolívar, donde se concentra el 30 por ciento de esta problemática. También llamó la atención sobre la violencia basada en género, con 9.666 delitos sexuales reportados entre enero de 2024 y febrero de 2025. Por otro lado, manifestó que pese a la existencia de más de 8.100 cámaras públicas y más de 4.100 privadas conectadas al sistema C4, consideró que aún no hay una medición efectiva de su impacto. Asimismo, mencionó que el Distrito ha invertido más de 844 mil millones de pesos en la Policía Metropolitana de Bogotá en los últimos años sin resultados claros.
Y finalmente la concejal Diana Diago criticó la falta de liderazgo y los escasos resultados de la Administración Distrital frente a las múltiples problemáticas de seguridad que enfrentan los ciudadanos.
Por: Norberto Patarroyo L.
