La Corte Constitucional recordó que el juez de restitución de tierras tiene el deber de contribuir a la paz, garantizar el acceso progresivo a la tierra y proteger integralmente los derechos de las víctimas del conflicto armado.
En una nueva decisión, la Sala Segunda de Revisión integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés (ponente), la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Vladimir Fernández, subrayó que el rol del juez de restitución va más allá de la entrega jurídica y material de un predio, pues también debe propiciar condiciones para la equidad social y la garantía plena de los derechos de quienes han sido despojados o desplazados.
La Corte explicó que, en virtud de esa responsabilidad, el juez debe valorar si las condiciones del lugar al que se ordena retornar representan un riesgo para la vida o la integridad de la víctima y, en caso de ser así, contemplar la restitución por equivalente, es decir, la entrega de un predio en condiciones similares pero en otro lugar.
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El pronunciamiento se dio al estudiar el caso de Pedro y Juana Pérez, una pareja víctima del conflicto armado a quienes en 2017 un grupo armado ilegal les exigió dinero y los agredió físicamente. Juana Pérez fue víctima de violencia sexual. Por estos hechos, ambos se desplazaron a otro municipio.
Tras un proceso judicial, el predio fue restituido, pero los accionantes se negaron a regresar debido a las amenazas y a los hechos de violencia vividos allí. Su abogado solicitó la restitución por equivalente, pero el tribunal negó esa posibilidad.
La Corte concluyó que el juez debía haber tenido en cuenta el enfoque de género por los hechos de violencia sexual, así como la permanencia del riesgo y el principio de dignidad de las víctimas.
La Sala reprochó al tribunal por no valorar adecuadamente las pruebas ni analizar las condiciones de seguridad del predio. En su sentencia, señaló que el juez de restitución debe ser un actor activo en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, incluyendo la escucha de las víctimas y la aplicación de presunciones y reglas probatorias que favorezcan su condición.
La Corte ordenó al tribunal emitir una nueva providencia en la que analice si procede la restitución por equivalente, con base en las pruebas aportadas y en los estándares constitucionales.
(Colprensa)
