Fin del contrato de alimentación para reclusos
La Contraloría y la Procuraduría advirtieron sobre los riesgos que traerá la finalización, el próximo 30 de junio, de la prestación y suministro del servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad, actualmente a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
De acuerdo con la alerta emitida por ambas entidades, a partir de esa fecha, y por disposición legal, dicho servicio de alimentación deberá ser asumido por las entidades territoriales.
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«Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 2346 de 2024, en la cual se asignaron nuevas competencias a las autoridades territoriales (alcaldías y gobernaciones) en materia de alimentación, con el fin de atender la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad recluidas en estaciones de Policía y URI del país», destacó la Contraloría en un comunicado.
En ese sentido, cada gobierno local deberá presentar sus planes de atención, cumplir con lo establecido por la ley y garantizar la continuidad del servicio de alimentación en los centros de detención.
Los organismos de control informaron que realizarán seguimiento a este servicio y solicitarán información a las entidades territoriales para verificar su cumplimiento.
(Colprensa)
