La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra un exfuncionario de la Gobernación de San Andrés y varios contratistas, tras descubrir irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de un proyecto de mejoramiento vial en el archipiélago. El caso involucra un contrato firmado en 2017 por un valor de 2.112 millones de pesos, destinado a la rehabilitación de las vías locales.
El exsecretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano Bowie, y los contratistas Carlos Julio Ramírez James, Marco Tulio Solano Glenn y Ricardo José Cogollo Ponce, fueron citados ante un juez de control de garantías. A ellos se les imputaron delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los acusados no aceptaron los cargos.
La investigación de la Fiscalía reveló varios problemas en la contratación y ejecución del proyecto. En primer lugar, no se realizaron los estudios previos necesarios ni se cumplió con los procesos de selección adecuados, lo que permitió que un contratista específico fuera favorecido. Este contratista no cumplía con los requisitos establecidos, como la documentación completa y la experiencia necesaria para llevar a cabo el trabajo.
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El informe también señaló que, a pesar de las irregularidades en la selección del contratista, la Gobernación autorizó el pago de un anticipo de mil millones de pesos a los contratistas. Estos recursos fueron destinados a cubrir gastos no previstos, sin embargo, al final, las obras nunca se realizaron.
El caso pone de manifiesto la falta de transparencia, planeación y responsabilidad en la gestión pública, lo que vulneró los principios fundamentales de la contratación estatal. La Fiscalía continúa con su investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Este proceso judicial es un recordatorio de la importancia de llevar a cabo contrataciones públicas con los debidos controles y procedimientos legales, para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado y la correcta ejecución de los proyectos en beneficio de la comunidad.
