A pocas semanas de iniciar el calendario escolar 2026, el Ministerio de Educación ha emitido una advertencia crítica: más de 860.000 estudiantes podrían comenzar sus clases sin el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta crisis se origina por demoras en la contratación en 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que aún no han finalizado los procesos legales para asegurar la entrega de raciones. La situación es alarmante, pues la alimentación no solo es un derecho, sino el principal motor de permanencia estudiantil en las zonas más vulnerables del país.
La falta de gestión afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más frágiles. Se estima que 199.880 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas están en vilo, lo que agrava la brecha de equidad en territorios apartados donde el PAE suele ser la única comida balanceada del día. La cartera educativa enfatizó que la ausencia del servicio dispara el riesgo de deserción escolar, debilitando los esfuerzos nacionales por mantener a niños, niñas y adolescentes dentro del sistema formativo en este nuevo ciclo lectivo.
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El trasfondo financiero de esta crisis revela una gestión presupuestal deficiente. El último informe ministerial detalla que 30 entidades territoriales redujeron sus recursos en comparación con años anteriores, mientras que otras 32 incumplieron los incrementos ordenados por la Ley 2167. Este desajuste financiero suma un vacío de cerca de $342.000 millones de pesos no asignados. Esta falta de fondos, sumada a la lentitud logística, impide que los operadores locales planifiquen la distribución de insumos en las instituciones educativas.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional ha hecho un llamado urgente a los gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas para acelerar la certificación de recursos y la firma de contratos. Se espera que en los próximos días las administraciones locales logren destrabar los procesos administrativos para evitar que el hambre sea el primer obstáculo académico del año. Desde Nación Colombia, continuaremos monitoreando el cumplimiento de estas obligaciones para garantizar que el bienestar de la infancia sea la prioridad absoluta en la agenda pública.
